Recientemente el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de suprimir el denominado copago farmacéutico a un segmento de la población de jubilados. En concreto a todas aquellas personas que perciban una pensión que no sea superior a 18.000 euros anuales.
Esta medida, que ha sido celebrada por distintos colectivos de la tercera edad y otros movimientos sociales, también tendrá un coste que afectará directamente a las farmacias. En este caso, y según ha confirmado la Federación Empresarial de Farmacéuticos Empresarios el efecto de esta medida le costará a las farmacias un total de “22 millones de euros”.
Esto se debe a que las farmacias pagarán por los descuentos por volumen de ventas correspondientes al Real Decreto Ley 5/200o, actualizado posteriormente por el Real Decreto Ley 4/2010. Asimismo, cabe destacar que estos reales decretos se publicaron para atender problemas urgentes derivados de la crisis económica, de modo que una de las opciones más adecuadas, según la patronal de los farmacéuticos, sería revisar dichos textos ya que hemos superado ese periodo extraordinario.
También hay que recordar que: "la farmacia paga las deducciones del Real Decreto Ley 8/2010 (15 %, 7,5 % y 4 %), que dependen de la composición de la lista de medicamentos que no han entrado en precios de referencia y su precio medio no deja de subir por la incorporación de nuevas moléculas. En estas deducciones la farmacia actúa como recaudador de toda la cadena y percibe la parte que le corresponde pagar a la Industria” han indicado desde la patronal de los farmacéuticos.
Pero a raíz de esta propuesta, nos surge una pregunta: ¿Cómo se podría haber evitado el copago farmacéutico? Esta sería la verdadera cuestión para no suprimir a una parte de la población de un derecho adquirido durante años y para no generar un coste adicional a un sector tan importante en nuestra economía.
En primer lugar se debería haber trabajado desde el Gobierno para optimizar las administraciones públicas. Con ello no nos referimos a recortes de personal que puedan producir una oleada de despidos y por ende una baja en la calidad de los servicios públicos. No. Nos referimos a los puestos de confianza. En muchos casos los gobernantes cuentan con grandes equipos de asesores cuyas nóminas suelen ser más altas que las de los propios políticos.
De este modo una reducción del número de cargos de confianza podría suponer un alivio para las arcas, así como la centralización de algunos servicios que cuentan con múltiples satélites que duplican funciones y ralentizan los procesos burocráticos. También sería muy positivo que las propias administraciones vinculadas con la Sanidad de nuestro país, hubieran recurrido a centrales de compras a la hora de adquirir todo tipo de servicios, materiales e instalaciones. Y no sólo relacionados con el entorno de la Salud, si no con el resto de áreas de gobierno.
El segundo motivo para haber evitado el copago farmacéutico pasa por la lucha en materia de fraude y corrupción. Para ponernos en situación, el diario El Economista indica que desde 1978 hasta 2016, los 175 casos de corrupción han costado a las arcas públicas en torno a 7.500 millones de euros. Un lucha más intensa contra el fraude y la corrupción generada por la clase política, podría haber sido verdaderamente significativa para evitar un nuevo copago farmacéutico y mejorar el sistema sanitario también.
El tercer punto a tener en cuenta es nuestra relación con Europa, y sobre todo, nuestro eterno noviazgo con el déficit. Renegociar el techo de déficit con la Unión Europea pasa a ser otro de los puntos clave para evitar situaciones que deriven en un copago farmacéutico. Pero para que este punto sea factible necesitamos mejorar nuestras relaciones con los socios europeos y comenzar a demostrar que España es una de las locomotoras de la economía comunitaria.
Teniendo en cuenta estas premisas se podría evitar una nueva situación que generase otro copago farmacéutico. Un panorama del que se tendría que huir ya que los resultados de éste se ven plasmados en el recorte de derechos adquiridos por parte de los contribuyentes, y en la recaudación de los propios farmacéuticos.
